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Proponen enviar a la cárcel a quien niegue servicios de salud

Proponen enviar a la cárcel a quien niegue servicios de salud

Crédito imagen: Freepick.

17 May 2018


Contraloría y Procuraduría presentaron un proyecto de ley para penalizar la negación del servicio.

El que niegue, retrase u obstaculice la atención de una urgencia en salud podría ir a prisión entre 4 y 8 años. En estos casos los responsables por omisión serán los jefes, directores o coordinadores de las unidades de urgencias, o las persona que estén a cargo.

Esa iniciativa hace parte de un proyecto de ley que fue radicado ayer en el Congreso por el Contralor Edgardo Maya y el Procurador Fernando Carrillo, con el que buscan imponer sanciones penales y disciplinarias a los particulares que impidan una prestación efectiva de los servicios de salud.

El proyecto establece que quien niegue o dilate el acceso de un ciudadano a servicios o tecnologías contempladas en los planes obligatorios de salud podría pagar una pena de entre 2 años y medio, hasta 6 años. En este caso los responsables serían los miembros de las juntas directivas, representantes legales y demás involucrados.

Estas penas se aumentarán en una tercera parte cuando se trate de niños, mujeres en embarazo, desplazados, víctimas de la violencia, adultos mayores, discapacitados o población con enfermedades huérfanas.

También se incrementarán las penas cuando los involucrados en la negativa del servicio sean directivos y cabezas de las instituciones de salud, cuando se desconozca un fallo de tutela, o se cobren valores que no correspondan a las tarifas autorizadas.

Algo muy grave que sucede en el país es que la clasificación de la enfermedad de un paciente la hace el celador del servicio de urgencias.

La iniciativa propone que además de la responsabilidad que recae sobre miembros de juntas directivas y los representantes de los centros médicos en materia disciplinaria, también sean sancionados los funcionarios encargados de la administración y gestión de los servicios de salud con inhabilidad de mínimo 10 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

Cuando en una investigación se encuentre que hubo un mal manejo de recursos de la salud, esos casos serán trasladados a la Contraloría para que profiera fallos fiscales.

“Algo muy grave que sucede en el país es que la clasificación de la enfermedad de un paciente la hace el celador del servicio de urgencias. Con esta ley el caso no se va a quedar en el celador, porque adentro hay un director de urgencias y unas instancias internas en la prestación del servicio, que tendrán que vérselas ahora con la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, dijo el Contralor.

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